Arturo Detexas

Hoy, cuando el Gobierno Federal se ha comprometido a ir a fondo tras los responsables del ataque contra el Casino Royale… cuando el Gobierno del Estado dice que revisarán inclusive posibles responsabilidades de la autoridad municipal, el Alcalde Fernando Larrazábal se apresura y culpa al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
“Esto no hubiera pasado”, dice el Alcalde en Monterrey, “si el tribunal de lo contencioso administrativo no revierte una clausura, porque yo había clausurado ese casino”.
Pero no termina de vender la frase, cuando la presidenta del Tribunal, Juana María Treviño Torres, interviene para aclarar a Larrazábal Bretón que él, o la autoridad de su municipio, no clausuró la operación del casino.
“Usted clausuró una remodelación que se estaba realizando en el local”, establece la magistrada Treviño Torres.
El arquitecto, Héctor Benavides, quien estaba a cargo del doble enlace, termina por enredarse o enredar esta entrevista y la corta de improviso.
Sin embargo, el asunto empieza a derivar no hacia quién otorgó o no los permisos… sino hacia la responsabilidad del área municipal de Protección Civil.
Más allá de permisos o no, el Municipio tiene responsabilidad en problemas de evacuación de personas en locales cerrados, en casos de emergencia.
“Es claro que este local no contaba con las medidas adecuadas para sacar a la gente, y ello es falta de supervisión de Protección Civil del Municipio.
“Por otro lado, tampoco sabemos si al clausurar las remodelaciones, el Municipio de Monterrey dificultó la movilidad al interior del casino.
“Algunas personas indican que las salidas de emergencia estaban selladas, eso es responsabilidad del dueño, pero también de la autoridad municipal que permitió o que propició dicha irregularidad que resultó fatal”, indica una fuente Judicial.
Y aunque el Alcalde ha tratado de desviar el foco de atención hacia otras autoridades: Gobernación por otorgar los permisos, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por no sostener una clausura parcial, la realidad es que todo apunta hacia errores criminales en el área municipal de Protección Civil.
Algo similar a lo ocurrido en una disco de la ciudad de México (Lobohombo) en donde murieron más de 60 personas aplastadas durante un operativo de revisión por la policía.
“Allá cayeron cabezas, es obvio pensar que la autoridad no puede esperar que saldrán todos indemnes, alguien deberá caer, alguien irá a la cárcel”, indica la fuente.